La Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010, más conocida como nueva ley antitabaco o ley antitabaco 2011 es una ley española que entró en vigor el 2 de enero de 2011, como modificación de la anterior ley antitabaco de 2006, y cuyas medidas más importantes son la prohibición de fumar en cualquier tipo de local cerrado abierto al público, además de algunas excepciones de lugares abiertos donde se prohíbe fumar y de lugares cerrados donde se permite.

Con esta legislación, España pasa a ser con la excepción de California y otros estados de Estados Unidos, y Japón el primer país en prohibir fumar también en algunos sitios al aire libre, como en patios de institutos, en parques infantiles y en el recinto de los hospitales.

En el caso de los aeropuertos se eliminan las zonas para fumar en espacios cerrados, permitiendo fumar en espacios al aire libre.

La ley contempla la figura del club de fumadores como un establecimiento donde se puede consumir tabaco. A diferencia de un bar, y con el objetivo de que los bares existentes no sorteen la ley cambiando su denominación, un club de fumadores no puede tener ánimo de lucro, no puede vender ningún tipo de producto y no puede disponer de trabajadores. Además, el club de fumadores ha de disponer de estatutos y de un censo de socios.

Según la nueva ley: fumar donde está prohibido se considerá una falta leve. Si se hace de forma aislada, la multa será de 30 euros. La acumulación de tres infracciones de esta manera, se considerará una falta grave. Asimismo, también se considerará falta grave por parte del titular de un establecimiento el habilitar zonas para fumar donde no esté permitida su habilitación así como permitir fumar en los lugares en los que existe prohibición de hacerlo.

Las faltas graves serán sancionadas con multa desde 601 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves, desde 10.001 euros hasta 600.000 euros.

Esta ley antitabaco tiene sus ventajas y desventajas, por ejemplo:

Tabaco como problema sanitario: El problema del tabaquismo en España es bastante grave para la salud. Según presunciones del Ministerio de Sanidad mueren 50.000 personas al año por ser fumadores.

Extensión de la prohibición de fumar en el centro de trabajo: La ley anterior ya prohíbe el consumo de tabaco en los centros de trabajo. Se puede argumentar que la ley de 2011 toma en consideración que los bares y restaurantes también son un centro de trabajo, el de los empleados (camareros, personal de limpieza...) que trabajen en él. La ley plantea la posibilidad de fumar en salas habilitadas, en determinados establecimientos con personal empleado, tales como centros psiquiátricos de larga duración y cárceles, pero son en esencia centros de los cuales los internos no pueden salir (o tienen muy restringida la libertad para salir) y que se pueden asimilar a su vivienda habitual.

La inmigración ilegal en España.

En primer lugar conviene decir que la causa que impulsa a las personas a emigrar clandestinamente es la casi imposibilidad de hacerlo legalmente. Es el único recurso que les queda a millones de personas que no encuentran la posibilidad de cumplir todos los requisitos y resolver todos los impedimentos burocráticos que los países receptores les imponen. Claro que, como veremos, está política restrictiva está orientada a África, porque desde otros países entran en Europa cientos de miles de inmigrantes ilegales al año con toda tranquilidad, por los puertos y aeropuertos, por los pasos habilitados de fronteras con un simple visado de turista y luego ya no vuelven a sus países de origen.

Hemos de decir que la inmigración española posee una importante carga de irregularidad y que la economía sumergida precede al fenómeno de la inmigración. Este tipo de economía resustenta de las personas más débiles, las que tienen más dificultades para defenderse, que, en este momento, está representada por la bolsa de inmigración clandestina que para sobrevivir no puede optar a otra cosa. También es preciso señalar que el tratamiento de la economía informal es muy laxo en nuestro país y que si se diera la lucha decidida contra ella, los inmigrantes irregulares reducirían. La economía sumergida constituye un "efecto llamada a este tipo de inmigración".

También diremos que la situación de los inmigrantes ilegales en España es crítica: deambulan por las calles de las ciudades sin la categoría de ciudadanos, marginados administrativos a los que no queda otra solución que trabajar en la economía sumergida en régimen de explotación o caer en el mundo del delito para poder sobrevivir. Las esperanzas de que regulen su situación son quiméricas y cada vez se aleja más de su horizonte de esperanzas. Si son localizados por la policía se les incoa un expediente de expulsión, el cual no se suele ejecutar si el detenido no presenta documentos de identificación y, aún así, lo más probable es que no se le llegue a expulsar. Pero a partir de ese momento le resultará aún mucho más difícil regularizar su situación, paradójicamente.

Ya hemos dicho que el número de extranjeros que residen hoy en España no es fácil determinar con garantías.

 El 31 de marzo de 2005, con los documentos en regla, había 2.054.453, pero los que residen irregularmente no es posible fijarlos más que aproximadamente.

 El Gobierno afirmó que antes de la regulación había un millón, pero otros analistas calcularon que la cifra de ilegales hoy puede superar 1.600.000 inmigrantes.

Según el INE estaban empadronados en España, a 1 de enero de 2005, un total de 3.691.547, y como la mayoría de los ilegales se empadrona pensando que ese hecho le puede facilitar algún día su regulación, la diferencia entre los empadronados y los regulares nos da una cifra aproximada de los ilegales.

 Como el crecimiento de la inmigración en estos últimos años es exponencial, después de año y medio las cifras habrán cambiado a más. Lo cierto es que el empadronamiento ha resultado muy fácil hasta ahora, un simple recibo de la luz, era suficiente aval para inscribir a una persona.